La semana anterior analizamos los riesgos que representarían para el país modificar el esquema de retenciones por su doble carácter de desacoplar los precios internacionales y redistribuir las rentas extraordinarias a los sectores populares y a la industria. Es una realidad que a pesar de haber sufrido la peor sequía de los últimos 20 años y en el contexto de la crisis financiero-económica más importante de los últimos 80 años, la economía argentina, gracias a las políticas económicas, fiscales, monetarias y sociales que desde el Gobierno nacional se implementaron, el año 2009 pasó sin mayores sobresaltos y el crecimiento económico se retomó de manera muy importante durante el primer semestre de 2010.
Por este motivo, la agenda mediática-legislativa se impulsa desde varios puntos para afectar seriamente la estabilidad y el crecimiento nacional. Mucho se está hablando en los medios de comunicación sobre el inquebrantable reclamo para la caída de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, el reclamo versado sobre la eliminación o modificación de las retenciones al sector agroexportador y la urgencia sobre el aumento de las jubilaciones hasta alcanzar el 82% móvil.
Y no casualmente encontramos a representantes de importantes sectores económicos –empresarios de multimedios incluidos– reunidos con legisladores de la oposición y con candidatos presidenciables.
La lectura más simple de esta realidad indica que los sectores económicamente concentrados no están dispuestos a permitir la consolidación de la reactivación económica del país y por lo tanto no se plantean como objetivo la mejora social sustentable y conjunta de la Nación. Su único interés parece estar centrado en debilitar a un gobierno que a partir de julio de 2009, pese al resultado de las elecciones legislativas, no ha parado de mejorar su imagen positiva en las diversas consultas de opinión. Su ambición ya no refiere únicamente al poder del dinero, sino también al poder político. Han leído las palabras de Milton Friedman: “Toda crisis real o percibida es la única que genera un cambio verdadero”, y quieren encaminar a la República Argentina hacia eso, hacia la crisis.
Pero cabe rescatar que a la hora de hablar de estos fuertes planteos, algunos cuentan con un mayor consenso social que otro. El incremento del salario jubilatorio se encuentra hoy entre los temas de agenda y esto es gracias a la decisión política gubernamental de la nacionalización del sistema previsional –es de particular consideración que muchos de los legisladores que hoy lo impulsan votaron contra la finalización del sistema de jubilación privado de AFJP–. Pero se deben realizar algunas importantes preguntas para hablar sobre el 82% móvil: ¿se puede financiar el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil? ¿Con qué recursos?
Aquí encontramos el principal escollo de las propuestas legislativas para impulsar este proyecto: el tema del financiamiento. Nadie en el campo nacional y popular podría estar en contra de una medida de inclusión y de mejoramiento social, es una bandera que hemos levantado históricamente.
Pero aquí nos surge otro cuestionamiento: ¿cómo efectuarlo para que sea sustentable en el tiempo sin afectar el desenvolvimiento económico nacional?
En primer lugar es importante aclarar que la administración del Estado durante los últimos siete años ha llevado la jubilación mínima de $150 a $1.090, conformando incrementos paulatinos y de manera sustentable para llevarlo a cabo de manera fáctica y real y de esta manera mejorar la situación socioeconómica de un sector históricamente postergado. Asimismo, agregó al sistema previsional a más de 2,5 millones de jubilados.
Ahora bien, con la aprobación del 82% móvil la realidad indica que el importe a incrementar el gasto público ronda los $140.000 millones. Esta cifra no es la que están debatiendo los legisladores. Por ejemplo, según el diputado Claudio Lozano llegaría casi a $20.000 millones. Pero sobre ese cálculo y ante tamaña diferencia de presupuestación es menester aclarar que no regiría únicamente para las jubilaciones mínimas, sino que mediante la aplicación del principio de igualdad ante la ley alcanzaría a todas las jubilaciones que actualmente se abonan en la República Argentina.
En este sentido, el dictamen de mayoría aprobado en la Cámara de Diputados no contempla forma de financiamiento por fuera de los recursos genuinos obtenidos por la Anses. Por su parte, el dictamen de minoría, en cambio, planteaba algunos aspectos, aunque sin cubrir la necesidad total de financiamiento.
Además, las consideraciones realizadas por el proyecto aprobado en mayoría sobre el financiamiento del 82% móvil a través de los recursos genuinos de la Anses son inexactas. Esta cifra del 82% implica que al menos tres trabajadores en actividad financien a un jubilado a través de los aportes personales y patronales. La realidad indica que el sistema actual posee 1,5 trabajadores para financiar a un jubilado debido a la gran informalidad existente y que por lo tanto este financiamiento carece de sustento. Por lo tanto, a través de los recursos genuinos de la Anses no se llega a financiar el dictamen aprobado por moción del denominado Grupo A.
Por otro lado, según el proyecto presentado por el bloque parlamentario Proyecto Sur, se planteaba cubrir esa cifra mediante el restablecimiento de los aportes patronales reducidos por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, según las estimaciones realizadas, recomponer los aportes patronales no cubre la cifra requerida –alcanzaba a financiar tan sólo al 60%–. Y el resto de las fuentes de financiamiento propuestas, como gravar la renta financiera, no cubre el 40% restante.
De esta manera, podemos afirmar que en caso de aprobarse en el Senado el proyecto que tiene media sanción, el panorama nacional a nivel económico se podría volver imprevisible. El aumento del gasto primario sin financiamiento –los desembolsos en concepto de jubilaciones y pensiones durante el 2009 rondaron el 40% del gasto primario total– podrían provocar una severa crisis fiscal y en este sentido un fuerte impedimento al Estado nacional para intervenir en la economía de manera de efectuar políticas anticíclicas para moderar los efectos de la crisis económica. Porque si bien la Argentina ha salido del cimbronazo mundial sin mayores complicaciones, esto ocurrió porque existió una administración pública que basa sus políticas en la sustentabilidad para el largo plazo.
La historia ha marcado ya en nuestras retinas las consecuencias de los déficits fiscales. Pensemos en la presidencia de Alfonsín declarando la emergencia previsional. Pero sin irnos tanto en el tiempo el gobierno de la Alianza con la reducción de los haberes jubilatorio en pos del equilibrio fiscal, el ajuste y el hambre de un pueblo que llevó a la salida anticipada de Fernando de la Rúa.
Con el plan de financiamiento propuesto, el Estado debería dejar de otorgar créditos blandos a la producción agropecuaria y otras actividades productivas que requieren la intervención estatal para ser rentables, para generar más cantidad de puestos de trabajo y de mejor calidad, para mantener los más de 4,5 millones de puestos de trabajos recuperados desde el año 2003.
El proyecto de ley votado carece de fuentes de financiamiento, no poseen pautas claras sobre cómo solventar el incremento del gasto de manera íntegra y sostenible a lo largo del tiempo. Este proyecto de ley debe ser analizado como una mera declaración de intenciones o como una operación política que persigue fines electoralistas, y buscan o bien desgastar la imagen del Gobierno nacional forzando al veto presidencial, o bien apostar a una crisis económica y social que los deposite en el poder de manera anticipada.
Si se aplicaran todos los proyectos de ley impulsados por la oposición se marcharía a un default fiscal que en el mediano plazo obligaría a reducir las jubilaciones. En efecto, por un lado proponer aumentar el gasto público a través de la ley del 82% móvil y por otro proponen reducir el financiamiento del Estado nacional a través de la reducción de las retenciones y coparticipar el impuesto al cheque a las provincias.
Por lo tanto, para poder hablar de un incremento de las jubilaciones de manera viable y sustentable en el tiempo es necesario profundizar el modelo económico actual. Por ejemplo, a través de dinamizar el tratamiento parlamentario de la Ley de Entidades Financieras que regule una actividad altamente rentable y que se encuentra regida por una ley de la última dictadura militar que permita avanzar en el proceso de reindustrialización con inclusión social iniciado en el 2003, y de esta manera transitar los pasos hacia la justicia social en la República Argentina.
Por este motivo, la agenda mediática-legislativa se impulsa desde varios puntos para afectar seriamente la estabilidad y el crecimiento nacional. Mucho se está hablando en los medios de comunicación sobre el inquebrantable reclamo para la caída de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, el reclamo versado sobre la eliminación o modificación de las retenciones al sector agroexportador y la urgencia sobre el aumento de las jubilaciones hasta alcanzar el 82% móvil.
Y no casualmente encontramos a representantes de importantes sectores económicos –empresarios de multimedios incluidos– reunidos con legisladores de la oposición y con candidatos presidenciables.
La lectura más simple de esta realidad indica que los sectores económicamente concentrados no están dispuestos a permitir la consolidación de la reactivación económica del país y por lo tanto no se plantean como objetivo la mejora social sustentable y conjunta de la Nación. Su único interés parece estar centrado en debilitar a un gobierno que a partir de julio de 2009, pese al resultado de las elecciones legislativas, no ha parado de mejorar su imagen positiva en las diversas consultas de opinión. Su ambición ya no refiere únicamente al poder del dinero, sino también al poder político. Han leído las palabras de Milton Friedman: “Toda crisis real o percibida es la única que genera un cambio verdadero”, y quieren encaminar a la República Argentina hacia eso, hacia la crisis.
Pero cabe rescatar que a la hora de hablar de estos fuertes planteos, algunos cuentan con un mayor consenso social que otro. El incremento del salario jubilatorio se encuentra hoy entre los temas de agenda y esto es gracias a la decisión política gubernamental de la nacionalización del sistema previsional –es de particular consideración que muchos de los legisladores que hoy lo impulsan votaron contra la finalización del sistema de jubilación privado de AFJP–. Pero se deben realizar algunas importantes preguntas para hablar sobre el 82% móvil: ¿se puede financiar el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil? ¿Con qué recursos?
Aquí encontramos el principal escollo de las propuestas legislativas para impulsar este proyecto: el tema del financiamiento. Nadie en el campo nacional y popular podría estar en contra de una medida de inclusión y de mejoramiento social, es una bandera que hemos levantado históricamente.
Pero aquí nos surge otro cuestionamiento: ¿cómo efectuarlo para que sea sustentable en el tiempo sin afectar el desenvolvimiento económico nacional?
En primer lugar es importante aclarar que la administración del Estado durante los últimos siete años ha llevado la jubilación mínima de $150 a $1.090, conformando incrementos paulatinos y de manera sustentable para llevarlo a cabo de manera fáctica y real y de esta manera mejorar la situación socioeconómica de un sector históricamente postergado. Asimismo, agregó al sistema previsional a más de 2,5 millones de jubilados.
Ahora bien, con la aprobación del 82% móvil la realidad indica que el importe a incrementar el gasto público ronda los $140.000 millones. Esta cifra no es la que están debatiendo los legisladores. Por ejemplo, según el diputado Claudio Lozano llegaría casi a $20.000 millones. Pero sobre ese cálculo y ante tamaña diferencia de presupuestación es menester aclarar que no regiría únicamente para las jubilaciones mínimas, sino que mediante la aplicación del principio de igualdad ante la ley alcanzaría a todas las jubilaciones que actualmente se abonan en la República Argentina.
En este sentido, el dictamen de mayoría aprobado en la Cámara de Diputados no contempla forma de financiamiento por fuera de los recursos genuinos obtenidos por la Anses. Por su parte, el dictamen de minoría, en cambio, planteaba algunos aspectos, aunque sin cubrir la necesidad total de financiamiento.
Además, las consideraciones realizadas por el proyecto aprobado en mayoría sobre el financiamiento del 82% móvil a través de los recursos genuinos de la Anses son inexactas. Esta cifra del 82% implica que al menos tres trabajadores en actividad financien a un jubilado a través de los aportes personales y patronales. La realidad indica que el sistema actual posee 1,5 trabajadores para financiar a un jubilado debido a la gran informalidad existente y que por lo tanto este financiamiento carece de sustento. Por lo tanto, a través de los recursos genuinos de la Anses no se llega a financiar el dictamen aprobado por moción del denominado Grupo A.
Por otro lado, según el proyecto presentado por el bloque parlamentario Proyecto Sur, se planteaba cubrir esa cifra mediante el restablecimiento de los aportes patronales reducidos por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, según las estimaciones realizadas, recomponer los aportes patronales no cubre la cifra requerida –alcanzaba a financiar tan sólo al 60%–. Y el resto de las fuentes de financiamiento propuestas, como gravar la renta financiera, no cubre el 40% restante.
De esta manera, podemos afirmar que en caso de aprobarse en el Senado el proyecto que tiene media sanción, el panorama nacional a nivel económico se podría volver imprevisible. El aumento del gasto primario sin financiamiento –los desembolsos en concepto de jubilaciones y pensiones durante el 2009 rondaron el 40% del gasto primario total– podrían provocar una severa crisis fiscal y en este sentido un fuerte impedimento al Estado nacional para intervenir en la economía de manera de efectuar políticas anticíclicas para moderar los efectos de la crisis económica. Porque si bien la Argentina ha salido del cimbronazo mundial sin mayores complicaciones, esto ocurrió porque existió una administración pública que basa sus políticas en la sustentabilidad para el largo plazo.
La historia ha marcado ya en nuestras retinas las consecuencias de los déficits fiscales. Pensemos en la presidencia de Alfonsín declarando la emergencia previsional. Pero sin irnos tanto en el tiempo el gobierno de la Alianza con la reducción de los haberes jubilatorio en pos del equilibrio fiscal, el ajuste y el hambre de un pueblo que llevó a la salida anticipada de Fernando de la Rúa.
Con el plan de financiamiento propuesto, el Estado debería dejar de otorgar créditos blandos a la producción agropecuaria y otras actividades productivas que requieren la intervención estatal para ser rentables, para generar más cantidad de puestos de trabajo y de mejor calidad, para mantener los más de 4,5 millones de puestos de trabajos recuperados desde el año 2003.
El proyecto de ley votado carece de fuentes de financiamiento, no poseen pautas claras sobre cómo solventar el incremento del gasto de manera íntegra y sostenible a lo largo del tiempo. Este proyecto de ley debe ser analizado como una mera declaración de intenciones o como una operación política que persigue fines electoralistas, y buscan o bien desgastar la imagen del Gobierno nacional forzando al veto presidencial, o bien apostar a una crisis económica y social que los deposite en el poder de manera anticipada.
Si se aplicaran todos los proyectos de ley impulsados por la oposición se marcharía a un default fiscal que en el mediano plazo obligaría a reducir las jubilaciones. En efecto, por un lado proponer aumentar el gasto público a través de la ley del 82% móvil y por otro proponen reducir el financiamiento del Estado nacional a través de la reducción de las retenciones y coparticipar el impuesto al cheque a las provincias.
Por lo tanto, para poder hablar de un incremento de las jubilaciones de manera viable y sustentable en el tiempo es necesario profundizar el modelo económico actual. Por ejemplo, a través de dinamizar el tratamiento parlamentario de la Ley de Entidades Financieras que regule una actividad altamente rentable y que se encuentra regida por una ley de la última dictadura militar que permita avanzar en el proceso de reindustrialización con inclusión social iniciado en el 2003, y de esta manera transitar los pasos hacia la justicia social en la República Argentina.
El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)
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