Capital Federal (Agencia Paco Urondo. publicado por Buenos Aires Economico el 30/07/2010)
Los niveles de desocupación que se han registrado en nuestro país destruyeron cualquier teoría económica o política al respecto: desde los neoclásicos a quienes les empezaba a parecer demasiado extraño que tantos trabajadores no quieran trabajar y, por ende, que el sistema no sea tan equilibrado como pensaban, hasta los planteos de la izquierda ortodoxa, que consideraron a esa masa de desocupados como un lumpen-proletariado, quitándole así su esencia de clase, de clase trabajadora, olvidando por completo el concepto de ejército industrial de reserva.
Ambas concepciones generan un mismo resultado: los desocupados no son más trabajadores. La cantidad de trabajadores son menos. Más debilidad, menos poder. Ya sea porque deciden no trabajar al salario que se les ofrece, sea porque en realidad son lúmpenes sin conciencia de clase. Cabe aclarar que esta última concepción fue ampliamente sostenida por los partidos de izquierda, los que hoy basan su construcción en el piqueterismo duro. Sin embargo, ambas concepciones ocultan lo fundamental del porqué esta masa de desocupados garantizaron una cada vez menor participación de los asalariados en el producto de nuestro país. Éstas son las implicancias económicas y políticas de niveles de desocupación del 12% como los registrados a principios de 2003.
Es entonces cuando la discusión acerca del carácter de los desocupados toma un rol fundamental: considerarlos trabajadores desocupados no es lo mismo que considerarlos lúmpenes o vagos. Considerarlos trabajadores desocupados implica considerarlos actores políticos que inciden en la relación capital-trabajo, que disputan poder en la distribución de la riqueza.
Esta discusión se nos presenta como totalmente alejada de medidas tales como Asignación Universal por Hijo, aumentos jubilatorios, incorporación de nuevos jubilados al sistema previsional, recuperación de las AFJP. Más vale mostrarlas como aisladas, como medidas contenedoras, asistencialistas y/o propiciadoras de los vicios sociales. Conviene tapar su potencial. Conviene tapar su total ligazón.
Desde una clara posición teórico-ideológica, la recuperación de los fondos jubilatorios por parte del Estado implica la recuperación de los ahorros de los trabajadores argentinos, que no es lo mismo que decir la “plata de los argentinos, la plata de todos”. Por otro lado, la incorporación de jubilados que no tenían los aportes suficientes para jubilarse implica que el Estado se hace cargo de que ese trabajador que no se puede jubilar no puede hacerlo porque se vio o privado del derecho al trabajo, o trabajó sin aportar, porque el Estado no estuvo allí presente. En este sentido, es similar a la Asignación Universal por Hijo, ya que implica que el Estado reconoce que a los millones de niños a los que no les llega esa asignación es porque sus papás aún no han podido ser incorporados al trabajo. En todos los casos estamos hablando de los derechos de los trabajadores.
El día miércoles se anunció un aumento tanto para la Asignación Universal por Hijo de un 22,22% como para las jubilaciones de un 16,9%. Fue planteada desde el gobierno, a partir del discurso de la Presidenta, como un avance en la institucionalización de las políticas de Estado tendientes a garantizar que no sean pocos los que se apropien de la renta, a la vez que como una inversión social (y no gasto) en pos de fortalecer el mercado interno.
De este planteo se desprenden dos cuestiones: por un lado, la necesidad de fortalecer la demanda para garantizar la actividad económica, lo cual es diametralmente opuesto a las teorías acerca de la necesidad de enfriar la economía para evitar la inflación. Esto significa, por ende, una inyección de dinero en los sectores de menores ingresos, inyección que asume el Estado, con lo cual no tendría que expresarse en un aumento de precios, ya que los aumentos salariales ya están acordados y a los privados los aumentos anunciados el miércoles no les incide en ningún costo. Si quieren aumentar los precios es porque quieren apropiarse de más renta de la que deben apropiarse, advierten desde el gobierno, dejando al descubierto el carácter de puja distributiva que tiene nuestra inflación. Ésta sería la segunda cuestión: el carácter redistributivo de estos aumentos.
¿Y por qué decimos esto? Porque muchos no creen en este carácter redistributivo. Cuando hablamos de distribución de la riqueza hablamos de la participación de los trabajadores sobre el producto, es decir, la relación capital-trabajo. Pareciera ser que estos trabajadores desocupados que perciben la Asignación Universal por Hijo no participan en esa relación, ya que, como hemos visto anteriormente, se asume que no pertenecen a la clase trabajadora. En este sentido, planteos deterministas asumen que la única forma de acrecentar la participación de los trabajadores son los aumentos salariales.
Obviamente, esto no sirve para explicar la distribución de la riqueza en una economía con las características como la nuestra, en la cual los altos niveles de desempleo y exclusión provocan que gran parte del actor político protagónico de esa disputa sea excluido del sistema tradicional trabajo-salario-participación.
Por ende, tanto la Asignación Universal por Hijo como la incorporación de jubilados que no estaban en condiciones de jubilarse implica un avance en el proceso de mayores niveles de participación de los trabajadores en relación con el capital. Primero, porque ambas políticas se basan en la recuperación, por parte del Estado, de los ahorros de los trabajadores, lo cual implica que se está distribuyendo entre los trabajadores dinero de los trabajadores, el mismo dinero que un año atrás estaba en manos de la timba financiera. Segundo, porque al asumir tanto a los trabajadores desocupados como a los jubilados que han sido desocupados o mal ocupados y no se podían jubilar como trabajadores, estamos asumiendo que una inyección de recursos en ese sector, además de motorizar la demanda y el consumo, implica no sólo una dignificación en materia económica sino que abre las puertas para un mayor empoderamiento de los trabajadores en general en esta disputa.
Existe una relación dialéctica clara: mientras mayores sean los niveles de inyección de recursos económicos a quienes aun están excluidos del trabajo, mayor será la posibilidad de disputa real de los trabajadores incluidos en el sistema en relación con su participación en el PBI, así como cuanto más avancen estos últimos en ese sentido, mayores serán las posibilidades para que los excluidos puedan no sólo seguir percibiendo del Estado recursos económicos, sino que lograrán conquistar su inclusión en el trabajo digno, que es la única posibilidad real de eliminar la pobreza.
Para entender esto es indispensable que no nos ganen los planteos que fragmentan a la clase trabajadora: la misma es una y los avances o retrocesos la afectan como un todo. Para profundizar el proyecto nacional es indispensable avanzar en mayores niveles de trabajo. Para avanzar en mayores niveles de trabajo es indispensable dignificar a los trabajadores desocupados con la asignación y la jubilación y a los trabajadores ocupados con los aumentos salariales acordados en las paritarias. Ambas políticas y crecientes niveles de organización de la clase trabajadora nos harán concretar un sueño que hoy parece tan lejano: llegar al 50%-50%.
Los niveles de desocupación que se han registrado en nuestro país destruyeron cualquier teoría económica o política al respecto: desde los neoclásicos a quienes les empezaba a parecer demasiado extraño que tantos trabajadores no quieran trabajar y, por ende, que el sistema no sea tan equilibrado como pensaban, hasta los planteos de la izquierda ortodoxa, que consideraron a esa masa de desocupados como un lumpen-proletariado, quitándole así su esencia de clase, de clase trabajadora, olvidando por completo el concepto de ejército industrial de reserva.
Ambas concepciones generan un mismo resultado: los desocupados no son más trabajadores. La cantidad de trabajadores son menos. Más debilidad, menos poder. Ya sea porque deciden no trabajar al salario que se les ofrece, sea porque en realidad son lúmpenes sin conciencia de clase. Cabe aclarar que esta última concepción fue ampliamente sostenida por los partidos de izquierda, los que hoy basan su construcción en el piqueterismo duro. Sin embargo, ambas concepciones ocultan lo fundamental del porqué esta masa de desocupados garantizaron una cada vez menor participación de los asalariados en el producto de nuestro país. Éstas son las implicancias económicas y políticas de niveles de desocupación del 12% como los registrados a principios de 2003.
Es entonces cuando la discusión acerca del carácter de los desocupados toma un rol fundamental: considerarlos trabajadores desocupados no es lo mismo que considerarlos lúmpenes o vagos. Considerarlos trabajadores desocupados implica considerarlos actores políticos que inciden en la relación capital-trabajo, que disputan poder en la distribución de la riqueza.
Esta discusión se nos presenta como totalmente alejada de medidas tales como Asignación Universal por Hijo, aumentos jubilatorios, incorporación de nuevos jubilados al sistema previsional, recuperación de las AFJP. Más vale mostrarlas como aisladas, como medidas contenedoras, asistencialistas y/o propiciadoras de los vicios sociales. Conviene tapar su potencial. Conviene tapar su total ligazón.
Desde una clara posición teórico-ideológica, la recuperación de los fondos jubilatorios por parte del Estado implica la recuperación de los ahorros de los trabajadores argentinos, que no es lo mismo que decir la “plata de los argentinos, la plata de todos”. Por otro lado, la incorporación de jubilados que no tenían los aportes suficientes para jubilarse implica que el Estado se hace cargo de que ese trabajador que no se puede jubilar no puede hacerlo porque se vio o privado del derecho al trabajo, o trabajó sin aportar, porque el Estado no estuvo allí presente. En este sentido, es similar a la Asignación Universal por Hijo, ya que implica que el Estado reconoce que a los millones de niños a los que no les llega esa asignación es porque sus papás aún no han podido ser incorporados al trabajo. En todos los casos estamos hablando de los derechos de los trabajadores.
El día miércoles se anunció un aumento tanto para la Asignación Universal por Hijo de un 22,22% como para las jubilaciones de un 16,9%. Fue planteada desde el gobierno, a partir del discurso de la Presidenta, como un avance en la institucionalización de las políticas de Estado tendientes a garantizar que no sean pocos los que se apropien de la renta, a la vez que como una inversión social (y no gasto) en pos de fortalecer el mercado interno.
De este planteo se desprenden dos cuestiones: por un lado, la necesidad de fortalecer la demanda para garantizar la actividad económica, lo cual es diametralmente opuesto a las teorías acerca de la necesidad de enfriar la economía para evitar la inflación. Esto significa, por ende, una inyección de dinero en los sectores de menores ingresos, inyección que asume el Estado, con lo cual no tendría que expresarse en un aumento de precios, ya que los aumentos salariales ya están acordados y a los privados los aumentos anunciados el miércoles no les incide en ningún costo. Si quieren aumentar los precios es porque quieren apropiarse de más renta de la que deben apropiarse, advierten desde el gobierno, dejando al descubierto el carácter de puja distributiva que tiene nuestra inflación. Ésta sería la segunda cuestión: el carácter redistributivo de estos aumentos.
¿Y por qué decimos esto? Porque muchos no creen en este carácter redistributivo. Cuando hablamos de distribución de la riqueza hablamos de la participación de los trabajadores sobre el producto, es decir, la relación capital-trabajo. Pareciera ser que estos trabajadores desocupados que perciben la Asignación Universal por Hijo no participan en esa relación, ya que, como hemos visto anteriormente, se asume que no pertenecen a la clase trabajadora. En este sentido, planteos deterministas asumen que la única forma de acrecentar la participación de los trabajadores son los aumentos salariales.
Obviamente, esto no sirve para explicar la distribución de la riqueza en una economía con las características como la nuestra, en la cual los altos niveles de desempleo y exclusión provocan que gran parte del actor político protagónico de esa disputa sea excluido del sistema tradicional trabajo-salario-participación.
Por ende, tanto la Asignación Universal por Hijo como la incorporación de jubilados que no estaban en condiciones de jubilarse implica un avance en el proceso de mayores niveles de participación de los trabajadores en relación con el capital. Primero, porque ambas políticas se basan en la recuperación, por parte del Estado, de los ahorros de los trabajadores, lo cual implica que se está distribuyendo entre los trabajadores dinero de los trabajadores, el mismo dinero que un año atrás estaba en manos de la timba financiera. Segundo, porque al asumir tanto a los trabajadores desocupados como a los jubilados que han sido desocupados o mal ocupados y no se podían jubilar como trabajadores, estamos asumiendo que una inyección de recursos en ese sector, además de motorizar la demanda y el consumo, implica no sólo una dignificación en materia económica sino que abre las puertas para un mayor empoderamiento de los trabajadores en general en esta disputa.
Existe una relación dialéctica clara: mientras mayores sean los niveles de inyección de recursos económicos a quienes aun están excluidos del trabajo, mayor será la posibilidad de disputa real de los trabajadores incluidos en el sistema en relación con su participación en el PBI, así como cuanto más avancen estos últimos en ese sentido, mayores serán las posibilidades para que los excluidos puedan no sólo seguir percibiendo del Estado recursos económicos, sino que lograrán conquistar su inclusión en el trabajo digno, que es la única posibilidad real de eliminar la pobreza.
Para entender esto es indispensable que no nos ganen los planteos que fragmentan a la clase trabajadora: la misma es una y los avances o retrocesos la afectan como un todo. Para profundizar el proyecto nacional es indispensable avanzar en mayores niveles de trabajo. Para avanzar en mayores niveles de trabajo es indispensable dignificar a los trabajadores desocupados con la asignación y la jubilación y a los trabajadores ocupados con los aumentos salariales acordados en las paritarias. Ambas políticas y crecientes niveles de organización de la clase trabajadora nos harán concretar un sueño que hoy parece tan lejano: llegar al 50%-50%.
La autora es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)
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